Los ERTE han venido para quedarse

Con la segunda oleada del virus golpeando fuerte en todo el país, los agentes sociales negocian contrarreloj el rediseño de los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo para la temporada otoño-invierno. Los contactos se han sucedido durante todo el fin de semana y una de las claves que ya quedó negro sobre blanco en el borrador que salió de la reunión del jueves es que el salvavidas público para empresas y empleos se desplegará durante todo el año 2021 y, aunque los recursos se van a focalizar en los sectores más afectados por la pandemia, prácticamente todas las empresas de casi cualquier actividad van a poder acceder a las ayudas, siempre que demuestren que su desempeño se ha visto afectado por la Covid.

Son dos cesiones importantes del Gobierno para atraer a los sindicatos y especialmente a la patronal a un nuevo acuerdo para prorrogar los ERTE. Primero, una cláusula que garantiza, para arrojar certidumbre y seguridad jurídica, que las ayudas públicas en forma de exoneraciones de cotizaciones sociales se mantendrán siempre que haya demanda de ERTE, es decir, siempre que las empresas lo necesiten. De este modo, aunque inicialmente se contempla un esquema hasta el 31 de enero de 2021, antes de esa fecha los agentes sociales volverán a evaluar la evolución de la herramienta y redefinir su extensión «en función de la situación económica y epidemiológica», indican fuentes del diálogo social. «Esto garantiza que habrá ERTE subvencionados, al menos, hasta finales del año que viene», aseguran.

Por otro lado, el Ejecutivo mantiene su postura de dirigir los recursos hacia los sectores más afectados por la Covid, en función de la cantidad de trabajadores que mantengan afectados por ERTE. Sin embargo, la red de protección que se va a ofrecer a partir de octubre «es muy amplia y garantiza la cobertura a prácticamente todas las empresas, de cualquier actividad», indican los interlocutores sociales. Esto es así porque además de los sectores afectados por restricciones concretas o desplomes de la demanda (turismo, transportes, ocio…) se atenderán las necesidades de los negocios cuya facturación dependa en un 50% de esas empresas y asimismo de toda la cadena de valor. «Estamos hablando de todo tipo de comercios, zapaterías, librerías… el perímetro es muy amplio», explican las fuentes consultadas.

Además, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, que pilotan esta negociación, también han rediseñado la figura del ‘ERTE de rebrote’, que ofrece rebajas en las cuotas sociales a las empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones como, por ejemplo, los confinamientos selectivos que se están imponiendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid. La intención es «flexibilizar al máximo» esta herramienta para salvar las trabas que puedan encontrar las compañías en la autoridad laboral y facilitar exoneraciones superiores al 80% en estos casos, aunque se valoran especificidades para actividades como el comercio, la hostelería y la restauración, según la propuesta que maneja la mesa técnica. Se trata, no obstante, de un documento «vivo y cambiante» que puede sufrir modificaciones, recuerdan fuentes presentes en las conversaciones.

De este modo, el paraguas de protección se agranda considerablemente respecto a la propuesta inicial del Gobierno, según valoran tanto la patronal como los sindicatos, lo que podría acercar el acuerdo en las próximas horas. Tanto la CEOE como la UGT y CCOO habían cuestionado el sistema sectorial planteado por los equipos de Yolanda Díaz (Trabajo) y José Luis Escrivá (Seguridad Social) por generar agravios comparativos entre empresas, pero el nuevo planteamiento garantizaría una cobertura casi generalizada. «Toda la cadena de valor se va a ver beneficiada con exoneraciones de entre el 75% y el 85%, en función del tamaño de la plantilla, siempre que se justifique un impacto directo de la pandemia ante la autoridad laboral, ya sea por restricciones sanitarias o por desplomes de la facturación, por ejemplo», explican fuentes conocedoras del último borrador.

Los agentes sociales habían acusado al Ejecutivo de querer «meter la tijera» en los ERTE y no ser transparentes con la factura pública. El pasado jueves el ministro Escrivá admitía que hasta septiembre ya se han gastado en prestaciones y exenciones los más de 21.000 millones de euros que llegarán de Bruselas a través del fondo ‘SURE’ y advertía de que las restricciones presupuestarias obligan a diferenciar las ayudas y evitar el «café para todos». En este sentido, el Gobierno ha marcado una línea roja, definida desde la Vicepresidencia tercera de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, que pasa por concentrar los recursos en las empresas que no puedan reabrir y en aquellas que sean verdaderamente solventes. Se trata de que los ERTE no se conviertan en una suerte de salvavidas para empresas ‘zombis’.

La filosofía, por tanto, es la de proteger con garantías a todo el tejido productivo que lo necesite y que sea viable. Y este mantra se extenderá «durante todo el tiempo que sea necesario», aseguran fuentes gubernamentales. El Gobierno es consciente de que se avecinan trimestres complicados, de que la recuperación económica va a ser lenta y las restricciones sanitarias se van a mantener hasta que llegue la vacuna. Con el beneplácito de Bruselas, el Ejecutivo español está dispuesto a destinar todos los recursos necesarios a sostener el tejido empresarial, eso sí, previa labor de cirugía milimétrica para atinar con precisión y efectividad en esas compañías viables. «Esto va a quedar plasmado de una u otra forma en el real decreto ley que regule la prórroga, para evitar la incertidumbre a partir de febrero de 2021», afirman desde el diálogo social.

«No tiene sentido poner fecha»

Así, los ERTE subvencionados están asegurados, por lo menos, para todo 2021, con o sin acuerdo en el diálogo social. Aunque la intención de Trabajo y Seguridad Social es alcanzar un pacto con la patronal y los sindicatos, fuentes gubernamentales adelantan que el Consejo de Ministros del martes aprobará sí o sí la nueva prórroga, porque el esquema actual decae el miércoles. La idea es que esta esté vigente hasta el 31 de enero de 2021, para evitar nuevas negociaciones en plena campaña de Navidad, y que antes de esa fecha la comisión tripartita vuelva a reunirse para valorar nuevas prórrogas de la herramienta. En cualquier caso, la voluntad del Gobierno es seguir proporcionando estas ayudas siempre que la coyuntura lo requiera.«No tiene sentido ponerle fecha a los ERTE, la medida ha funcionado», zanjan fuentes del Ministerio de Trabajo.

«Los ERTE han venido para quedarse«, aseguraba Pedro Sánchez hace más de tres meses, cuando no imaginaba que en septiembre la situación epidemiológica sería crítica. Ya en julio firmó un acuerdo con los líderes de la patronal y los sindicatos en los jardines de La Moncloa en el que se apuesta específicamente por un modelo cofinanciado permanente para este mecanismo de flexibilidad interna. Los firmantes se comprometieron a trabajar en el desarrollo de «un marco adecuado de contribución compartida para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción, con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica».

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